La corrupción en el sector sanitario ante la crisis del COVID-19

La crisis sanitaria actual, así como las medidas adoptadas por el gobierno para paliar sus efectos, han elevado el riesgo de que se produzcan actos de corrupción, sobretodo en el marco de actividades relacionadas con la pandemia. Estos riesgos son particularmente importantes en el sector sanitario, dada la urgente necesidad de suministro de ciertos productos sanitarios y medicamentos, que ha conllevado la relajación de las medidas de contratación pública, así como una importante sobrecarga para los centros sanitarios y el personal sanitario.

Así lo recogen las Directrices sobre Riesgos de Corrupción y Referencias Legales útiles en el contexto de COVID-19, publicadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa en fecha de 15 de abril de 2020, en las que se señalan los principales focos de corrupción que pueden darse en el actual contexto de pandemia de COVID-19, haciendo un especial énfasis en el sector sanitario. Así las cosas, el GRECO focaliza la atención en los siguientes puntos:

• Contratación pública: dadas las medidas adoptadas en los diferentes estados parte relajando los controles del proceso de compra pública para agilizar su tramitación, debe garantizarse una mayor transparencia para evitar actos corruptos, en particular, respecto a las actividades de los lobbies y los conflictos de interés con los encargados del control y supervisión de estos procesos.
• Servicios médicos: por la escasez de personal y material, hay un elevado riesgo de que en hospitales y otros centros sanitarios se produzcan sobornos en el marco de la competencia de necesidades y emergencias. Así mismo, existe un elevado riesgo de que se produzcan sobornos para el acceso o prioridad de acceso a servicios médicos, pruebas y equipos médicos, que ya han empezado a producirse incluso en lugares en los que eran muy poco frecuentes.
• Investigación y desarrollo: se están invirtiendo importantes recursos económicos en el desarrollo de vacunas y tratamientos para el COVID-19. Por ello, debería incrementarse el control sobre los organismos públicos que controlan esos estudios, y aumentarse los controles en el ámbito de los conflictos de interés, el tráfico de información privilegiada y los lobbies. 
• Fraude: se han producido múltiples alertas sobre estafas financieras relacionadas con el COVID-19 y medicamentos falsificados, con el incremento exponencial de ofertas desde tiendas, webs, cuentas en redes sociales y correos falsos, debiéndose prestar especial atención a esos riesgos.
• Denunciantes: se debe garantizar la protección de los denunciantes que comunican sus sospechas de corrupción, independientemente de las líneas de denuncia que decidan seguir (directamente a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, a otros órganos públicos designados o a los medios de comunicación, sin informar primero a sus superiores inmediatos, o a la jerarquía administrativa de la que formen parte).
• Sector privado: las circunstancias actuales no justifican no seguir o relajar los estándares anti-corrupción. Algunas de las áreas de más riesgo son: los sobornos para impulsar los procesos que pueden haberse estancado debido a la escasez de personal o al cierre de oficinas públicas, la falsificación de documentos para cumplir las condiciones de los planes de ayuda estatal para las medidas de ayuda en caso de pandemia, la elusión de los requisitos de certificación de productos, la no certificación de las cadenas de suministro alternativas, las donaciones y la falta de recursos para supervisar la conducta incorrecta de determinados empleados.

En cualquier caso, debe señalarse que, si bien estas Directrices no imponen nuevas obligaciones concretas ni adoptan medidas sobre los operadores del sector, sino que más bien recogen orientaciones, sí que deberían tenerse en cuenta por esos operadores para identificar aquellos asuntos más susceptibles de derivar en actos de corrupción, para que puedan adoptarse las medidas necesarias para prevenir dichos riesgos.